Ley de Justicia y Paz de Colombia

Wikipedia

Durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el gobierno colombiano implementó un marco legal destinado a abordar la problemática del conflicto armado que ha marcado la realidad colombiana por los últimos 40 años. Uno de los ejes principales de la política del gobierno se enmarcó en torno a la Ley de Justicia y Paz la cual fue adoptada en julio de 2005 y dispone la reintegración de grupos armados organizados actuando al margen de la ley que han decidido desmovilizarse.

Esta ley le ofreció, en la práctica, a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la opción de acceder a penas reducidas y programas de reinserción y re-integración social si entregaban sus armas y confesaban sus crímenes. ¿Cuáles son algunas de las características principales de esta ley? ¿Cómo se ha puesto en marcha?

Las sentencias bajo la Ley de Justicia y Paz varían entre 5-8 años y no permiten otorgar beneficios o reducciones adicionales. Para poder ser beneficiario de la ley es necesario confesar la totalidad de los crímenes perpetrados. Si se demuestra que la persona mintió o no confeso la totalidad de los crímenes, ese individuo pierde la oportunidad de beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz y debe enfrentar el sistema de justicia ordinaria. Por lo general esto significa que reciben sentencias más severas. La ley también contempla la reparación de las víctimas. La Ley de justicia y Paz estuvo abierta durante un plazo específico que ya está concluido.
De hecho se están discutiendo actualmente iniciativas para reformar la ley y ampliar su alcance, así como para priorizar investigaciones de los principales responsables de los bloques paramilitares o de los frentes guerrilleros si se acogieron a la ley.

Desde que se implementó, el gobierno colombiano ha indicando que más de 53,000 paramilitares se han desmovilizado.

El gobierno admite que han existido algunos problemas, pero mantiene que el modelo es único y por lo tanto difícil de implementar. Diversos actores han reconocido algunos importantes logros como el hecho que 4.294 víctimas ya estén a punto de recibir su indemnización correspondiente, pero han hecho un llamado a que el proceso se reforme para que pueda ser realmente efectivo. Muchas organizaciones de la sociedad civil también piensan que la Corte Penal Internacional (CPI), quien considera a Colombia como bajo examen preliminar, debería abrir una investigación formal. Entre otros, aluden a que el gobierno no ha demostrado un compromiso real con el tema y una capacidad de hacerlo ya que a la fecha el sistema de Justicia y Paz sólo ha obtenido siete sentencias y más de 2,000 paramilitares siguen esperando juicio.

Un punto que se le ha criticado al gobierno es que entre el 2008 y el 2009 extraditó a 18 paramilitares de alto rango a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. La sociedad civil y otros actores argumentan que esto era inaceptable ya que no permitió que los paramilitares terminen de confesar la totalidad de sus crímenes, y por lo tanto, le negó la posibilidad a las víctimas de conocer la verdad sobre los crímenes perpetrados.

También sostuvieron que era contradictorio que fueran extraditados a EEUU por narcotráfico cuando la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que perpetraron en Colombia era más grave. Algunos incluso sostuvieron que era una estrategia del gobierno para sacar de Colombia a los paramilitares que pudieran comenzar a hablar sobre los nexos existentes entre el gobierno y los paramilitares y así avergonzar y cuestionar las políticas de seguridad adoptadas por la administración del entonces Presidente Uribe.