El conflicto colombiano

Bandera de las FARC. Wikipedia

Aún cuando se han dado pasos importantes para poner fin al conflicto, Colombia continua inmersa en un espiral de violencia que data de ya más de 40 años. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero, se formó en 1964 bajo el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo quien murió en marzo de 2008. Las FARC han sido responsables de secuestros, bombardeos y ataques en contra de la población civil y han aterrorizado a la población colombiana por décadas.

Actualmente su jefe máximo es Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko" o "Timoleón Jiménez".

La estrategia contrasubversiva de los gobiernos del Ex Presidente Alvaro Uribe y el actual Presidente Juan Manuel Santos ha debilitado fuertemente a las FARC. Se estima que de los 20,000 integrantes que tuvieron en su momento, el grupo ahora bordea los 8,000. En los últimos años varios de sus principales líderes como Alfonso Cano y el Mono Jojoy perecieron en distintos ataques. Timochenko le ha enviado dos cartas al Presidente Santos donde le expresa su deseo de entrar en negociaciones de paz. Este, sin embargo, ha sido claro que no negociará hasta que liberen a todas las personas que mantienen secuestradas, pongan fin a la práctica del reclutamiento forzoso en sus filas, dejen de utilizar minas anti persona y no lleven ataques en contra de civiles. Hoy en día el financiamiento de las FARC proviene principalmente del narcotráfico y de los pagos que le cobran a los mineros ilegales de oro.

Durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el gobierno colombiano implementó una campaña de lucha anti-subversiva destinada a poner fin al conflicto armado que incluyo la ofensiva en contra de las FARC y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), pero también un enfoque dirigido a desarticular a los paramilitares, organizaciones que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército pero no forman parte de manera formal de las fuerzas militares del Estado y generalmente operan fuera de la ley.

Originalmente estos grupos se formaron con el apoyo de los latifundistas que los armaron para defenderse de los rebeldes. Con el tiempo fueron creciendo, y operando principalmente bajo el umbral de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perpetraron terribles crímenes, matanzas y asesinatos y establecieron vínculos muy cercanos con el narcotráfico.

Uno de los ejes principales de la política del gobierno de Uribe se enmarcó en torno a la Ley de Justicia y Paz. La ley, adoptada en julio de 2005, tenía como objetivo brindarle a los grupos armados organizados operando al margen de la ley (paramilitares, FARC, ELN) la posibilidad de acceder a sentencias reducidas y programas de reinserción y re-integración social a cambio de la confesión de sus crímenes y la entrega de las armas. En la práctica, casi exclusivamente sólo se acogieron a los beneficios de la ley los paramilitares. Algunos de los puntos más importantes de la ley son: (1) Las sentencias varían entre 5-8 años sin posibilidad de beneficios o reducciones adicionales. (2) Es necesario confesar la totalidad de los crímenes perpetrados. Si se demuestra que la persona mintió o no confesó la totalidad de los crímenes, ese individuo pierde la oportunidad de beneficiarse de la Ley y debe enfrentar la justicia ordinaria.

Por lo general esto significa que reciben sentencias más severas. (3) La ley contempla la reparación de la víctima. (4) El periodo para acogerse a los beneficios de la ley ya ha culminado. Si se le quisieran otorgar beneficios similares a las FARC sería necesario promulgar una nueva ley.

Desde que se implementó, el gobierno colombiano ha indicando que mas de 50,000 paramilitares se han desmovilizado pero distintas organizaciones de la sociedad civil y otros organismos han cuestionado esas cifras y su impacto real.

En febrero del 2012, las FARC anunciaron su intención de liberar a los últimos 10 personas que mantienen secuestradas. El cronograma de liberación se había establecido para el 26 de marzo pero ha sido postergado para abril. El gobierno y la ex Senadora Piedad Córdoba están coordinando las acciones para poner fin a la terrible agonía de estas oficiales secuestrados entre 1998 y 1999 que ya llevan más de 10 años sin ver a sus familias.